Preocupado por la gran cantidad de jóvenes privados de la libertad en su juzgado, un juez de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de San Martín se contactó con especialistas del Programa de Estudios Sociales en Género, Infancia y Juventud (PESGIJ) de nuestro Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas (LICH) para asesorarse y poder plantear soluciones alternativas. “Él quería que formuláramos alguna interpretación para entender qué caracterizaba el devenir de esas causas”, cuenta Marina Medan, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del PESGIJ. “Para tratar de entender cuáles son las condiciones objetivas e institucionales que hay detrás de esas causas hicimos entonces una sistematización y un análisis de los expedientes”.
Si bien los medios influyen en la percepción pública, los delitos cometidos por niñxs y adolescentes son poco frecuentes en la Argentina. Sin embargo, contra las normativas nacionales y supranacionales, un amplio porcentaje de esxs menores que delinquen es encarcelado. El objetivo de las investigadoras del PESGIJ, que ahora desarrollan parte de su trabajo en juzgados y programas para jóvenes en conflicto con la ley penal, es contribuir a la formulación de políticas públicas centradas en los derechos humanos y la reducción efectiva de las penas. “Las directrices internacionales y las leyes provinciales de responsabilidad penal juvenil orientan a que se tomen medidas alternativas a la privación de libertad porque se considera que tiene efectos más nocivos que positivos sobre la reinserción social de los adolescentes”, observan.
Esta nota es la tercera entrega de la serie LICH en el Territorio, que busca mostrar las aplicaciones sociales concretas del trabajo que hacen nuestrxs investigadorxs.
Entre inercias burocráticas y evaluaciones sobre las familias
Según el Informe Anual 2022 del Registro de Procesos del Niño (RPN) de la provincia de Buenos Aires, el Departamento Judicial de San Martín (que incluye los municipios de General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Miguel y Tres de Febrero) es el que tiene más jóvenes confinados (incluso por arriba de otras dependencias judiciales más populosas como las de La Matanza, Lomas de Zamora o La Plata).
¿Qué quiere decir que “una gran cantidad” de chicxs está encerrada? En Argentina hay aproximadamente 4300 personas en dispositivos penales juveniles (en libertad, semilibertad o privación) y casi el 80 % cumple medidas penales en libertad. Es decir que el 20 % cumple su condena bajo algún dispositivo de confinamiento. ¿Esto es mucho o poco? La Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (que tiene rango constitucional en nuestro país) dice que la privación de libertad es una medida judicial que debería aplicarse en última instancia, solo en casos excepcionales, por los efectos negativos que este tipo de medidas tienen en lxs jóvenes. Como medida excepcional, un 20 % parece un cifra alta.