La informalidad es uno de los principales problemas del mercado de trabajo argentino. A fines de 2023, la tasa de empleo no registrado era del 35,7 %. Hoy, una parte importante del problema sigue concentrándose en las empresas más chicas: el 55 % de lxs asalariadxs informales se desempeña en unidades productivas que tienen entre 1 y 5 empleadxs.
¿De qué manera la reforma laboral buscará que esxs trabajadorxs pasen a la formalidad? ¿Se los encuadrará bajo una relación de dependencia y se les reconocerá el conjunto de derechos que son propios de esa relación (salario definido por paritarias, protección contra el despido arbitrario, aguinaldo, licencias, vacaciones pagas, etc.)? ¿O, por el contrario, se buscará legalizar su situación a través del monotributo, lo que consolidará la precariedad de su situación, ya que no tendrán ninguna herramienta legal para hacer valer sus derechos?
Los investigadores del Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) Matías Maito y Juan Manuel Ottaviano describen y el analizan el capítulo laboral incluido en el proyecto de Ley Bases aprobado esta semana por la Cámara de Diputados de la Nación y plantean tres conclusiones inquietantes:
- La reforma no combate la informalidad: la legaliza.
- La reforma empodera a los empleadores.
- La reforma no va a promover la generación de empleo ni a mejorar su calidad. Y tampoco implica una modernización laboral.
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