Desde hace casi 20 días, las calles de Bogotá, Cali y Medellín no descansan: protestas, intervenciones artísticas, vigilias y otras manifestaciones populares se multiplican en rechazo a la gestión de Iván Duque. A la fecha, la represión institucional produjo la muerte de alrededor de 50 civiles, 1900 casos de violencia policial, más de 1000 detenciones arbitrarias y al menos 12 víctimas de violencia sexual. Las denuncias llegan de a cientos y la comunidad internacional está en alerta.
David Santos Gómez y Cristian Acosta Olaya, integrantes del Círculo de Estudios sobre la Colombia Contemporánea de la Escuela IDAES de la UNSAM analizan en esta columna el panorama en Colombia: “Entre el encierro generalizado, una magra o casi nula mejoría del sistema de salud para enfrentar el COVID-19 y la ausencia de alivios económicos para una gran parte de la población que subsiste de la informalidad, la pobreza hoy alcanza casi al 43 % de la población, cifra que consolida al país como uno de los más pobres y desiguales de la región. De allí que, efectivamente, el descontento actual sobrepase la demanda por la caída de la reforma tributaria y que no sorprenda la continuidad de las manifestaciones.”
Más de 650 organizaciones de la sociedad civil ya firmaron esta petición global en la que se demanda una investigación exhaustiva de las violaciones a los derechos humanos en el contexto de la represión en Colombia. La petición también hace un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA) a que solicite la anuencia del Estado colombiano para que pueda instalarse en el país un mecanismo independiente de expertxs que colabore con la investigación de los hechos y garantice justicia para las víctimas.