El Senado aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, pero el Gobierno anunció que ya está analizando un posible veto
La cámara alta aprobó el proyecto en la madrugada de este viernes con 57 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención. La norma prevé un incremento en las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las universidades nacionales y una actualización de salarios docentes y no docentes. No obstante, el Poder Ejecutivo adelantó que aplicará el veto, al igual que con la Ley de Movilidad Jubilatoria.
Gastos de funcionamiento La ley propone actualizar las partidas del Presupuesto 2023 (prorrogado por el Gobierno de Javier Milei) según la inflación acumulada ese año (del 211,4%) y luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los aumentos ya otorgados en lo que va de 2024. Esto implica uncosto fiscal del 0,14 % del PBI,según este informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Salarios docentes y nodocentes La ley ordena la recomposición de los salarios docentes y no docentes de las universidades nacionales partir del 1 de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley según la inflación acumulada durante dicho período. Asimismo, desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2024, el Ejecutivo deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación informada por el INDEC.
La votación en el Senado Los votos en contra correspondieron a los siete legisladores de La Libertad Avanza, más los senadores del PRO Carmen Álvarez Rivero, Alfredo De Angeli y Enrique Göerling Lara, y el senador Francisco Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso). Se abstuvo María Victoria Huala (PRO). El senador bonaerense Eduardo “Wado” de Pedro (Unión por la Patria) presentó el dictamen y responsabilizó al presidente Javier Milei por la situación actual del sector. “Nos encontramos discutiendo la supervivencia del sistema universitario y pensábamos que era un acuerdo de la democracia”, sostuvo.
Percepciones e ideologías sobre la universidad pública
La universidad pública argentina cuenta con amplia legitimidad en nuestra sociedad: no solo es motor para el desarrollo nacional y la movilidad social ascendente, sino que también promueve la igualación entre sus participantes, lo que habilita la posibilidad de proyectar futuros en un contexto de precariedad creciente.
A pesar de todo esto, hoy la universidad es objeto de ataques y recortes por parte del Gobierno y sectores aliados. El nuevo informe del Laboratorio de Estudios sobre Democracias y Autoritarismos (LEDA) de la UNSAM busca detectar los prejuicios que sostienen ese accionar para desarmar las construcciones de sentido que socavan la legitimidad del sistema en su conjunto.
